¿Qué significa ser de la frontera? Con esa pregunta una conocida psicóloga social montevideana iniciaba un diálogo en Rivera a instancias de su visita al Proyecto Social Caqueiro (Salesianos) en el año 2002.

La respuesta para los locales contiene un repaso por la vida privada y la vida pública: crecer en la frontera genera subjetividades particulares y modos de convivencia singulares que se construyen en esos límites móviles, y a veces difusos, que ponen en juego diferentes aspectos según los ciclos económicos, coyunturas políticas, énfasis culturales. Como decía Enrique Mazzei, la dinámica de la frontera transcurre entre lo legal y lo ilegal cotidianamente, en un sentido amplio.

Sin embargo, hay dimensiones de la vida de la frontera que se mantienen históricamente: la pobreza, la informalidad laboral, el contrabando, la situación de la población afrodescendiente, el lugar de los pobladores y sus formas de organización en las relaciones con el poder.

En la década del 80 se empezaron a conocer cifras y caras de la pobreza infantil en Rivera, que promovieron acciones de diversas organizaciones de la sociedad civil e institutos técnicos; respuestas de asistencia en formato de comedores, merenderos, centros de capacitación, guarderías. Surgió entonces la Coordinadora de ONG de atención a niños y jóvenes de sectores populares, integrada a la Red de ONG a nivel nacional. En apoyo para el trabajo coordinado, se instaló una línea de asistencia técnica del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) a partir de una investigación sobre infancia coordinada por Juan Pablo Terra en 1984, apoyado por UNICEF.

La década de los 90 trajo las consecuencias del retiro de los aportes de las agencias de cooperación internacional, con avances en los convenios entre el estado y la sociedad civil para la atención a la infancia. De todos modos, los índices de pobreza llegaron al 40% en niños y adolescentes al inicio de la década del 2000.

Con relación al empleo, la ocupación en sus distintas modalidades está marcada por la informalidad generando ingresos inestables en el marco de los ciclos económicos de ambos países y enmarcado en la cultura local del trabajo. Los datos oficiales no reflejan esa situación, que acarrea además la falta de acceso a los derechos laborales y la exclusión del sistema de seguridad social.

En este contexto, se hacía cada vez más urgente caminar en otro sentido en cuanto al enfoque conceptual en políticas sociales. El estado benefactor debía dar lugar a un estado de bienestar, con enfoque de derechos; transitar de los servicios de asistencia con beneficiarios a las políticas sociales implementadas con ciudadanos.

De todos modos, la situación del departamento de Rivera requiere -desde siempre- la implementación de proyectos políticos con mirada en el desarrollo local, considerando la necesidad de crecimiento económico con justicia social que impacte en las dimensiones sociales y culturales, y dinamice la participación ciudadana.

La promoción de actores locales resulta clave para que una comunidad pasiva pase a protagonizar su tiempo y su devenir histórico. Capacitar y formar para construir discursos para incidir, tener presencia pública con cierto grado de legitimación social, ser representativos, tener capacidad de presión y negociación, son algunas de las dimensiones a desarrollar para avanzar en esa perspectiva de desarrollo con actores locales fuertes. Es sustantivo el rol del Estado nacional en la implementación de los proyectos locales, en formato de políticas públicas diferenciales que contemplen las desigualdades territoriales.

A partir del 2005, se implementaron algunas políticas públicas que apuntaban en ese sentido, que si bien eran políticas nacionales, en Rivera tomaron una expresión impregnada por lo local, que alentaba y/o inhibía su impacto. En particular, dos experiencias focalizadas en perspectiva de desarrollo local vinculadas a educación de adolescentes, y a una propuesta sociolaboral: el Centro Educativo de Capacitación y Producción (CECAP Rivera) y la Cooperativa Renacer del Norte.

Experiencias locales de impacto local

Impulsado como una propuesta de educación integral en el marco del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), CECAP se posiciona como programa dirigido a adolescentes de entre 15 y 20 años a través de su revinculación educativa o inserción laboral. Con un claro “énfasis local”, resultado de la puesta en juego la visión del equipo transdisciplinario que lo ejecutaba, la propuesta se apoyó en gran medida en la articulación interinstitucional como estrategia de intervención, en una gestión asociada con otras políticas públicas a nivel nacional, departamental y local que se adaptó al territorio fronterizo, con sus luces y sus sombras.

Con el objetivo de generar impacto en el contexto social y contribuir a la implementación de un nuevo paradigma de políticas públicas con enfoque de derechos, esta articulación tuvo logros como: el acceso al ejercicio de derechos de adolescentes y familias como ciudadanos plenos integrados al tejido social local; la complementariedad entre proyectos educativos, actores locales económico-productivos, socioterritoriales y político-administrativos; y efectos multiplicadores que problematizan modalidades de gestión aisladas.

A su vez, en el marco del Programa Uruguay Clasifica (PUC), la Cooperativa Renacer del Norte surgió en 2009 como conformado por un grupo de clasificadoras y clasificadores en Rivera y Tranqueras, que aún hoy constituye una experiencia de política focalizada con el objetivo de que se reconozca, organice y formalice el trabajo de los recicladores no organizados.

Luego de 15 años de funcionamiento, actualmente la cooperativa cuenta con una muy buena evaluación de desempeño y se destacan logros fundamentales obtenidos, como brindar acceso al trabajo formal y la seguridad laboral, la estabilidad de ingresos, el desarrollo social y personal, la incorporación a procesos logístico-productivos, entre otros.

Volviendo al planteo inicial de los desafíos de las políticas públicas en la frontera, ratificamos la necesidad de fortalecer las capacidades de negociación y gestión entre los equipos interinstitucionales locales, teniendo claridad en la interdependencia de la acción institucional que se genera en el territorio.

La gestión de los proyectos locales desafía la real construcción de política pública con perspectiva de derechos humanos, aceptando la pregunta que debe interpelar siempre ¿Quién es el otro para cada uno de los actores involucrados? Puede no interesar, puede ser objeto de dominación de un estamento sobre otro, o puede convocar a trabajar por la dignidad que todo lo transforma. Nos quedan resonando algunas cuestiones que interrogan a los procesos de desarrollo local y también a lo específico de los proyectos implementados en territorios singulares como son las fronteras, -que contienen dimensiones históricas-culturales- que no siempre son tenidas en cuenta, tanto en el diseño como en el espacio necesario para su implementación.

¿Se diseña política pública con mirada en la desigualdad territorial? ¿La descentralización prevé el fortalecimiento de los actores locales territoriales y su incidencia para adecuar proyectos a los territorios? ¿Se acepta el protagonismo real de los habitantes, aunque conlleve el redireccionamiento de algunos proyectos nacionales? ¿Se invierte lo suficiente para dinamizar los territorios de frontera en sus aspectos socioculturales y de convivencia? ¿Hay disposición/decisión para invertir con equidad en el marco de un proyecto político de desarrollo integral, más allá de los aportes locales en la conformación del PIB nacional?